Estados Unidos ha respondido a las demandas de ciudades tensionadas por la llegada de inmigrantes venezolanos, ofreciendo la oportunidad de obtener estatus legal y permisos de trabajo a casi medio millón de ellos. La administración Biden aprobó esta solicitud pendiente, brindando una solución a la creciente presión sobre las ciudades que acogen a solicitantes de asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional ha expandido y rediseñado el Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, permitiendo que los recién llegados soliciten protección contra la deportación y obtengan permisos de trabajo. Esta medida se dio a conocer inicialmente a través de CBS News.
Hasta ahora, solo los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes de marzo de 2021 eran elegibles para el TPS, un programa creado en 1990 por el Congreso para brindar refugio temporal a migrantes de naciones en crisis humanitarias, como conflictos armados o desastres naturales.
Con esta reestructuración del programa TPS para Venezuela, se amplía la elegibilidad a un número récord de venezolanos que han llegado a Estados Unidos en los últimos dos años. Se estima que aproximadamente 472,000 venezolanos adicionales calificarán para el TPS, sumándose a los 242,000 migrantes que ya obtuvieron este estatus, según datos del DHS. Los venezolanos que llegaron después de finales de julio no serán elegibles para el TPS.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó que el TPS proporciona protección contra la deportación a personas que se encuentran en Estados Unidos cuando las condiciones en su país de origen hacen que el regreso sea peligroso. Esta situación se aplica a los venezolanos que llegaron antes del 31 de julio de este año.
Aunque otras personas sin estatus legal también podrían calificar para el TPS, el anuncio beneficia principalmente a los más de 400,000 migrantes venezolanos que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos dos años y medio, como parte de un éxodo masivo desde América del Sur.
En los últimos años, más de siete millones de venezolanos han huido de la crisis económica y gobiernos autoritarios, estableciendo la mayor crisis de refugiados en el hemisferio occidental. La mayoría de ellos se ha reasentado en naciones sudamericanas, como Colombia.
Sin embargo, un número creciente ha buscado oportunidades económicas en Estados Unidos, emprendiendo un arduo viaje que incluye cruzar a pie el históricamente impenetrable Tapón del Darién en Panamá.
Este anuncio representa una victoria para los demócratas del Congreso y líderes de grandes ciudades, como Nueva York, que han estado presionando al gobierno federal para otorgar estatus legal a los inmigrantes en sus comunidades, permitiéndoles trabajar legalmente y reduciendo su dependencia de los servicios locales.
La administración Biden ha utilizado el TPS en una escala sin precedentes, haciendo elegibles a un número récord de migrantes de otros países además de Venezuela, como Afganistán, Camerún, Etiopía, Haití, Myanmar, Sudán y Ucrania.
Además, la administración ha mantenido programas de TPS de larga data para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, revirtiendo los esfuerzos previos de la administración Trump por terminarlos.
Aunque los republicanos han criticado durante mucho tiempo el TPS, argumentando que se ha utilizado de manera indebida para otorgar estatus legal a inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, la administración Biden ha resistido la ampliación de programas de TPS en ocasiones debido a preocupaciones sobre un aumento en la migración ilegal.
Ante las preguntas sobre si esta ampliación del TPS podría fomentar la migración ilegal, los funcionarios de la administración señalaron que la fecha límite establecida para julio de 2023 dejará claro que quienes lleguen después de esa fecha no serán elegibles. La intención es disuadir a los inmigrantes venezolanos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Los cruces ilegales en la frontera sur han alcanzado niveles récord bajo la administración Biden. Aunque disminuyeron en junio, aumentaron notablemente en julio y agosto, poniendo a prueba la estrategia de la administración para frenar la migración hacia Estados Unidos.
La administración también anunció medidas adicionales para abordar las preocupaciones de Nueva York y otras ciudades que reciben inmigrantes. Se acelerará la revisión de las solicitudes de permisos de trabajo para aquellos que ingresan por los puertos fronterizos a través de una aplicación telefónica, y se implementará un programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con patrocinadores estadounidenses, con el objetivo de resolver estas solicitudes en 30 días en lugar de los 90 actuales.
Además, se ampliará la validez de los permisos de trabajo de dos a cinco años para muchos inmigrantes, incluyendo solicitantes de asilo, refugiados y solicitantes de tarjetas de residencia, reduciendo la necesidad de renovaciones frecuentes.
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