El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha experimentado una reducción significativa en la cantidad de detenidos bajo su custodia, así como en los encuentros con migrantes desde que se levantó el Título 42. Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, el número de solicitantes de asilo detenidos por ICE ha disminuido en comparación con mayo de 2019, pasando de alrededor de 40,000 a 27,330 a fines de mayo. Del total de detenidos, el 61% no tenía antecedentes penales.
La mayoría de los detenidos se encuentran en Texas, con casi 10,000 bajo custodia. Los centros de detención de ICE en Pearsall y Dilley, en Texas, tienen más de 1,200 migrantes cada uno bajo custodia. Otros centros de detención, como el de Otay Mesa en San Diego y el de El Paso, también albergan detenidos.
El Título 42, una política implementada durante la pandemia para evitar la propagación de COVID-19, impedía que los inmigrantes solicitaran asilo en la frontera estadounidense. Sin embargo, esta política fue levantada por la administración Biden el 11 de mayo y reemplazada por órdenes de expulsión bajo el Título 8.
Bajo el Título 8, los solicitantes de asilo deben realizar entrevistas utilizando la aplicación CBP One en los puertos de entrada de la frontera suroeste. También pueden solicitar entrevistas en centros de tramitación abiertos por el Departamento de Estado de EE. UU. en países de América Latina y el Caribe, en coordinación con las Naciones Unidas. Además, se requiere que los solicitantes de asilo soliciten protección en los primeros países que atraviesen antes de llegar a Estados Unidos.
El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto, mencionó que ha habido una disminución significativa en los encuentros en la frontera desde el levantamiento del Título 42. Además, advirtió que los migrantes expulsados por no cumplir los requisitos para solicitar la libertad condicional humanitaria en Estados Unidos deben esperar cinco años antes de intentar cruzar nuevamente. Si intentan ingresar antes de ese plazo, podrían enfrentar procesos penales y una posible prohibición de entrada de 20 años.
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