En un momento en que el Congreso se encuentra en un punto muerto en lo que respecta a la legislación federal sobre inmigración, algunos activistas han recurrido a las legislaturas locales para promover y aprobar proyectos de ley que permitirían a los inmigrantes indocumentados obtener permisos de conducir, matrículas universitarias estatales y otros servicios.

“Como Washington no funciona, como Washington no es capaz de resolver los problemas a nivel nacional, entonces los estados, han estado tratando de mejorar la vida de las personas”, dijo Juan Manuel Guzmán, director de defensa estatal del grupo de defensa de los inmigrantes United We Dream.

Pero esos defensores locales también han reforzado recientemente sus defensas contra lo que varios describen como un aumento de las propuestas de ley antiinmigración en Texas y otros estados antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

La última vez que el Congreso aprobó una ley que proporcionaba una vía hacia la ciudadanía a una gran parte de la población indocumentada fue hace casi 40 años. Los esfuerzos actuales para revisar el sistema de inmigración de la nación se han estancado en medio de desacuerdos sobre cómo manejar los altos niveles de migración a la frontera suroeste.

La inacción federal ha dejado viviendo en Estados Unidos a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales no tienen acceso a servicios clave, como la atención sanitaria subvencionada o las prestaciones de jubilación, ni a una vía hacia la ciudadanía.

Esto ha hecho que los estados tengan que hacerse cargo de la situación. Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, dijo que los defensores de los estados con residentes indocumentados están “tratando de llenar el vacío” dejado por la inacción del Congreso.

“Tiene que haber una solución, y si podemos actuar a nivel local, lo haremos”, afirmó Shi.

Soñadores en espera

Ha pasado más de una década desde que el gobierno de Obama puso en marcha el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que otorga permisos de trabajo y protección contra la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, conocidos como “Dreamers.”

El programa, que no conduce a la ciudadanía para los beneficiarios, se concibió inicialmente como una medida provisional para cientos de miles de inmigrantes indocumentados que se criaron en Estados Unidos y ahora no tienen forma de arreglar su situación.

Pero desde entonces, el Congreso ha intentado y fracasado en múltiples ocasiones aprobar una solución legislativa para esta población de inmigrantes, a pesar de los continuos desafíos legales que amenazan con poner fin al programa DACA, que no cubre a nadie que haya entrado en el país -o haya nacido- después de junio de 2007.

Sólo el gobierno federal puede conceder permisos de trabajo o protecciones contra la deportación, lo que ha llevado a los defensores de los inmigrantes a impulsar políticas estatales que apoyen a los inmigrantes de otras formas.

“La última política que vimos que fue una victoria para toda la comunidad fue obviamente DACA, que ahora mismo está con respiración asistida. Y el Congreso ha fracasado repetidamente en aprobar una vía para la ciudadanía”, dijo Guzmán. “La próxima batalla son los estados”.

El único proyecto de ley relacionado con la inmigración que el Congreso ha presentado este año se centraba en una iniciativa local de este tipo en el Distrito de Columbia. La Cámara de Representantes aprobó una resolución para anular un proyecto de ley del Distrito de Columbia que permitiría a los inmigrantes votar en las elecciones locales, de forma similar a lo que han hecho otras ciudades, pero el Senado no retomó la medida.

Avances notables

Las medidas estatales y locales para dar a los inmigrantes indocumentados más acceso a determinadas prestaciones han cobrado fuerza. En noviembre, los votantes de Arizona aprobaron una proposición que permitiría a los estudiantes de secundaria acceder a la matrícula estatal, independientemente de su situación migratoria.

Massachusetts y Rhode Island tienen leyes que entrarán en vigor este verano y que permitirán a los inmigrantes indocumentados obtener permisos de conducir. En Massachusetts, la Cámara de Representantes del estado votó a favor de anular el veto del gobernador para avanzar en esa legislación.

La pandemia de COVID-19, en particular, impulsó los esfuerzos para ampliar el acceso de los inmigrantes indocumentados a la asistencia sanitaria subvencionada.

En 2021, California se convirtió en el primer estado en promulgar una ley que ampliaba el acceso a la atención sanitaria para los residentes con bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio. Los defensores predicen que las campañas seguirán intensificándose para ampliar el acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes indocumentados de edad avanzada, que no tienen derecho a la Seguridad Social ni a otras prestaciones federales.

Según un informe de diciembre del National Immigration Law Center, que examinó la acción legislativa estatal entre 2012 y 2022, al menos 23 estados ofrecen ahora matrícula universitaria estatal a los estudiantes indocumentados. Dieciocho estados ya ofrecen o ofrecerán en breve permisos de conducir a los inmigrantes indocumentados, frente a solo tres estados en 2012.

“En la medida en que los Estados tienen el poder, o las localidades tienen el poder, de mejorar la vida cotidiana de sus residentes y asegurarse de que se sienten cómodos relacionándose con los organismos gubernamentales y recibiendo lo que necesitan, entonces sí, hemos visto un progreso notable a nivel estatal y local”, dijo Tanya Broder, abogada senior de NILC.

Las victorias demócratas en noviembre en estados como Massachusetts, Vermont y Maryland también podrían abrir la puerta al avance de medidas que ayuden a los inmigrantes indocumentados, concluye el informe de NILC.

Defensa

A medida que el gobierno de Biden se enfrenta a las críticas por el elevado número de inmigrantes que cruzan la frontera suroeste, los defensores locales de los inmigrantes también se ven cada vez más obligados a defenderse contra las propuestas de estados como Florida y Texas que privarían de derechos a los inmigrantes.

Un proyecto de ley pendiente en Texas, conocido como HB 20, crearía una “Unidad de Protección Fronteriza” estatal con autoridad para supervisar la construcción de barreras fronterizas y para “arrestar, detener y disuadir a las personas que crucen la frontera ilegalmente.”

Las autoridades de Texas han culpado del elevado número de inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México a las políticas de inmigración de la administración Biden y han argumentado que los estados fronterizos han soportado injustamente la mayor parte del problema.

El Partido Demócrata de Texas ha tachado el proyecto de ley de policía estatal del tipo “Enséñame tus papeles”, que facultaría a los agentes para detener a cualquier persona de la que sospechen que es un inmigrante indocumentado.

“Este atroz proyecto de ley, si se aprueba, no haría nada para frenar la crisis en nuestra frontera – simplemente sometería a los tejanos del sur a una constante discriminación racial ordenada por el estado y a un nivel de distopía de estado policial de gran hermano que ni siquiera podrían haber imaginado”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa, en un comunicado de prensa del 10 de marzo.

Otro proyecto de ley propuesto en el Senado del Estado de Texas en esta sesión prohibiría a los ciudadanos de China, Irán, Corea del Norte o Rusia comprar propiedades en el Estado. El proyecto de ley no contempla una exención para los residentes permanentes en Estados Unidos u otros titulares de visados legales.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha dicho que firmaría la ley si se aprobara.

Mary Ibarra, coordinadora política de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, dijo que hay una “probabilidad realmente alta” de que una versión de la HB 20 se convierta en ley.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, probable aspirante a la presidencia en 2024, anunció el mes pasado una amplia legislación que impediría a los inmigrantes indocumentados recibir documentos de identidad estatales, invalidaría cualquier licencia de otro estado que pudieran tener y prohibiría a los estudiantes indocumentados acceder a las tasas de matrícula estatales.

También obligaría a los hospitales a recopilar información sobre la situación migratoria de los pacientes y a presentar informes sobre el coste de la atención a los inmigrantes indocumentados, y endurecería las sanciones penales por transportar o alojar a inmigrantes indocumentados.

Tessa Petit, codirectora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Florida, calificó la propuesta de DeSantis como el “peor proyecto de ley que podría pasar.” También dijo que los ataques contra los inmigrantes han aumentado en los últimos años.

“Creo que en la historia de Florida es la primera vez que nos han atacado tanto”, dijo Petit.

Ibarra describió una tendencia similar en Texas, donde el gobernador republicano Rick Perry promulgó hace más de 20 años una ley que permitía a los inmigrantes indocumentados acceder a la matrícula estatal.

Ibarra dijo que las propuestas antiinmigrantes han sido más frecuentes desde 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente después de una campaña que presentó fuertemente una retórica antiinmigrante.

“Creo que la falta de acción, de acción proactiva, a nivel federal ha hecho que muchas ideologías puedan tomar auge”, dijo Ibarra. “Ahora es algo popular para los gobernadores republicanos consolidar el poder, utilizarlo como tema de conversación y algo que creen que les conseguirá más votos”.

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En Albizu Law Firm, entendemos la importancia de luchar por los derechos de los inmigrantes y sus familias. Como especialistas en casos de inmigración y de familia en Austin, Texas, hemos sido testigos de los desafíos que enfrentan muchos individuos y comunidades debido a la falta de acción del Congreso en la legislación federal sobre inmigración.

Ahora más que nunca, es crucial actuar a nivel local para promover y aprobar proyectos de ley que beneficien a los inmigrantes indocumentados. Si estás interesado en apoyar esta causa y deseas obtener más información sobre cómo puedes contribuir, ¡compártelo con tus amigos, familiares y en tus redes sociales!

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