Un reglamento instaurado durante la presidencia de Donald Trump, el cual restringía la capacidad de los magistrados de inmigración para agilizar los casos y prolongaba los tiempos de apelación, está en la mira para ser abolido. Esta es la intención manifestada recientemente por el equipo del actual presidente Joe Biden.
Dicha normativa, conocida como Regla Final AA96, se introdujo en diciembre de 2020, durante la administración Trump. Sin embargo, su aplicación fue suspendida en marzo de 2021, poco después de que Biden asumiera el cargo, según información del Departamento de Justicia (conocido por sus siglas en inglés como DOJ).
El DOJ menciona que esta regla ponía barreras a “la facultad de los magistrados migratorios y del Comité de Apelaciones Migratorias para ordenar y gestionar efectivamente sus casos”.
La propuesta del gobierno actual es eliminar dicha regla y retomar las regulaciones que estaban vigentes antes de la implementación de la Regla Final AA96. La intención es que al reinstaurar las regulaciones previas, se pueda agilizar la resolución de casos, otorgando a los magistrados y al Comité mayor libertad para administrar eficazmente sus recursos. Además, esto garantizaría un proceso justo para las personas involucradas, de acuerdo con el documento oficial.
Entre los aspectos más polémicos de la Regla Final AA96 estaba el requerimiento de sesiones informativas simultáneas para cada apelación, lo que complicaba la tarea de los magistrados y del Comité al poner en pausa casos mientras se completaban trámites de visa para extranjeros. Además, el reglamento “limitó la capacidad del Comité de Apelaciones para revisar y reenviar casos a magistrados migratorios cuando se identificaban errores jurídicos y fácticos”.
El presidente Biden ha mencionado varias veces la acumulación de casos migratorios y solicitudes de asilo, un legado de la gestión anterior. La alta afluencia en las fronteras en recientes años ha agravado la situación, y la administración actual reconoce la necesidad de más magistrados y personal judicial para desatascar el sistema. Por ello, han solicitado al Congreso un mayor presupuesto para enfrentar el desafío.
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