Se llevará a cabo un debate ante un juez federal sobre una versión revisada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Cabe destacar que este juez previamente había dictaminado que el programa era ilegal.

Los abogados que representan a nueve estados que han demandado para poner fin al programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los abogados del Departamento de Justicia de EE. UU. y los beneficiarios de DACA tienen previsto comparecer en una audiencia judicial ante el juez de distrito de EE. UU., Andrew Hanen.

En el año 2021, Hanen declaró ilegal el programa DACA al dictaminar que no se habían cumplido los periodos de notificación y comentarios públicos exigidos por la Ley federal de Procedimientos Administrativos. Hanen también afirmó que los estados que buscaban poner fin al programa tenían derecho a presentar su demanda debido a que se habían visto perjudicados por el mismo.

Previo a la audiencia del jueves por la mañana, más de 50 personas se reunieron en un parque cercano al tribunal para mostrar su apoyo a DACA. Muchos de ellos sostenían carteles con mensajes como “Reforma migratoria ahora”, “Proteger DACA” y “Poder inmigrante: derechos de los inmigrantes”.

Los estados argumentaron que incurren en gastos sanitarios, educativos y de otra índole que suman cientos de millones de dólares cuando se permite que los inmigrantes permanezcan ilegalmente en el país. Los estados demandantes son Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Misisipi.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans confirmó la sentencia de Hanen en 2022, pero le devolvió el caso para que revisara los cambios introducidos en el programa por el gobierno de Biden.

La nueva versión de DACA entró en vigor en octubre y fue sometida a comentarios públicos como parte del proceso formal de elaboración de normas.

En los documentos judiciales, Texas y los otros estados argumentaron que el programa actualizado es esencialmente el mismo que el memorando de 2012 que lo creó por primera vez y sigue siendo “ilegal e inconstitucional”. También alegaron que la Casa Blanca se excedió en su autoridad al otorgar beneficios de inmigración que corresponderían al Congreso decidir.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó en los archivos judiciales que los estados no demostraron ningún perjuicio directo debido a DACA y que el Congreso ha otorgado al Departamento de Seguridad Nacional la “autoridad y el deber de establecer políticas de aplicación de inmigración”.

Nina Perales, del Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación, quien hablará en nombre de los beneficiarios de DACA, afirmó: “DACA es legal. DACA es coherente con muchas políticas del gobierno de EE. UU. implementadas en el pasado bajo diferentes presidentes”.

Hanen ha dejado intacto el programa implementado durante la era Obama para aquellos que ya se benefician de él. Sin embargo, ha dictaminado que no se aceptarán nuevas solicitudes mientras las apelaciones estén pendientes.

A finales de diciembre, había 580.310 personas inscritas en DACA, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

No se espera que Hanen emita un fallo inmediatamente después de la vista del jueves, pero independientemente de su decisión, se espera que el caso llegue al Tribunal Supremo de EE. UU. por tercera vez.

En 2016, el Tribunal Supremo quedó en un punto muerto con un empate 4-4 en relación a un DACA ampliado y una versión del programa para los padres de los beneficiarios de DACA. En 2020, el tribunal dictaminó por 5-4 que la administración Trump había puesto fin indebidamente a DACA, lo que permitió que el programa continuara vigente.

El presidente Joe Biden y grupos de defensa han instado al Congreso a aprobar protecciones permanentes para los “Dreamers”, como se conoce comúnmente a las personas protegidas por DACA. Sin embargo, el Congreso ha fracasado en múltiples ocasiones en aprobar una propuesta denominada DREAM Act para proteger a los beneficiarios de DACA.

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