Un juez federal ha vuelto a declarar como ilegal el programa DACA, el cual impide la deportación de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Aunque esta declaración ha sido emitida, no implica el cese inmediato del programa ni de las protecciones que brinda a sus beneficiarios.
El juez federal de distrito, Andrew Hanen, se ha alineado con Texas y otros ocho estados que presentaron una demanda para poner fin al programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esta decisión probablemente será apelada ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que llevaría por tercera vez el destino de DACA ante el tribunal más alto del país.
En su fallo de 40 páginas, Hanen expresó su preocupación por la legalidad del programa y argumentó que la solución a estas cuestiones debería provenir del poder legislativo en lugar del ejecutivo o judicial. El juez destacó que el Congreso, por diversas razones, no ha aprobado legislación similar a DACA y que el Poder Ejecutivo no puede llenar ese vacío usurpando el poder del Congreso según lo otorga la Constitución.
La orden de Hanen mantuvo la prohibición de aprobar nuevas solicitudes de DACA, pero dejó el programa intacto para los beneficiarios actuales durante el proceso de revisión legal en curso. Además, rechazó la solicitud de los estados de poner fin al programa en un plazo de dos años y aseguró que su orden no requería ninguna acción inmediata del gobierno federal contra los beneficiarios de DACA, comúnmente conocidos como “Dreamers”.
Thomas Sáenz, presidente y asesor general del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que representa a los beneficiarios de DACA en la demanda, señaló que será responsabilidad de los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema, decidir sobre la legalidad del programa y si Texas pudo demostrar que fue perjudicado por el mismo. Sáenz expresó su desacuerdo con el fallo del juez Hanen.
La administración Biden criticó la decisión del juez y reafirmó su compromiso de defender DACA en medio de los desafíos legales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará procesando renovaciones para los beneficiarios actuales y aceptando solicitudes de DACA según lo permita la orden judicial.
Tanto la Oficina del Fiscal General de Texas, que representó a los estados en la demanda, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que defendió al gobierno federal, aún no han hecho comentarios públicos sobre la decisión.
Los estados argumentaron que la administración Obama carecía de la autoridad para crear el programa DACA en 2012, ya que evitó al Congreso en su implementación. Hanen había dictaminado previamente en 2021 que el programa era ilegal y no había seguido los procedimientos administrativos requeridos por la ley federal.
A pesar de los esfuerzos de la administración Biden por abordar las preocupaciones del juez Hanen con una versión actualizada de DACA en 2022, su legalidad fue nuevamente cuestionada y considerada esencialmente igual a la versión anterior establecida durante la administración Obama. Hanen había sostenido previamente que DACA era inconstitucional.
El programa DACA ha enfrentado numerosos desafíos judiciales a lo largo de los años, con idas y venidas en su legalidad. La incertidumbre persiste en torno a su futuro mientras la Corte Suprema podría ser la instancia definitiva para decidir su destino.
Hasta marzo, 578,680 personas estaban inscritas en DACA, según los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos.
A pesar de los obstáculos legales, el presidente Joe Biden y defensores de DACA han instado al Congreso a aprobar protecciones permanentes para los “dreamers”, aunque hasta ahora no se ha logrado la aprobación del Congreso en este sentido. El debate sobre el futuro de DACA continúa, y grupos de defensa siguen abogando por soluciones permanentes para los inmigrantes afectados por este programa.
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